Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas

PRIMER CONGRESO DE FEDERALISMO FISCAL (CFI)

 

Los Marcos Fiscales Intergubernamentales. Distintas Experiencias Internacionales

 

 Ponencia del Dr. Raúl E. Roa, Presidente del IEFPA*

 

En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la Comisión Federal de Impuestos por darle a nuestro Instituto un espacio en este tan esperado Primer Congreso sobre Federalismo Fiscal. Nuestra institución, creada originalmente como Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, hoy denominado “Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas”, se dedica al análisis, investigación y formación en las ciencias que conforman las Finanzas Públicas. Desde su fundación, en el año 1996, constituye un núcleo receptor y difusor de ideas y experiencias propias del ámbito financiero público, así como un lugar de reflexión y formación de profesionales vinculados a las Finanzas Públicas.

Desde su origen, el IEFPA ha estado ligado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De hecho fue fundado por un grupo de integrantes de la misma, entre quienes me encuentro, que ante la ausencia de actividades académicas específicas para los agentes fiscales, decidió crear una entidad destinada a realizar tareas de investigación, docencia y extensión.

Digo esto porque mi exposición estará sesgada por la perspectiva  del rol de la Administración Tributaria y a cómo ella puede  posicionarse en este debate –que parecería interminable- sobre el federalismo fiscal.

Se trata de un tema históricamente analizado, estudiado y discutido. Y, sin embargo, difícil de arribar a conclusiones consensuadas.

Si hoy a más de un siglo de la sanción de nuestra Constitución Nacional –donde se sientan las bases del federalismo fiscal- estamos acá para debatir cuestiones no resueltas es porque evidentemente no podemos articular visiones compartidas sobre cómo debería implementarse el mismo; y cuando  logramos alguna propuesta común, luego no somos capaces de sostenerla en el tiempo.

Si bien no se trata de una cuestión fácil de resolver dada las grandes asimetrías que tiene nuestro país, creo que todos los sectores deberíamos hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo sustentable.

Para poner en cifras las asimetrías del escenario subnacional en Argentina podemos ingresar en materia diciendo que mientras que cuatro jurisdicciones (CABA, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) generan el 70% del Producto Bruto, ocupan 20% de la superficie nacional y concentran el 63% de la población, el resto aporta el 30% del PB, ocupa el 80% del territorio y posee el 37% de la población.

Estas asimetrías requieren la necesidad de una compensación “política”, cuya configuración no es fácil de definir, ni aún con el establecimiento de   ponderadores o métodos objetivos de reparto. 

Sabemos que los marcos fiscales intergubernamentales representan un motor central del crecimiento inclusivo. Ciertas instituciones y políticas pueden contribuir a una distribución más equitativa de los beneficios económicos en las jurisdicciones y por ende entre los distintos sectores sociales.

La calidad de las prestaciones del sector público depende de cómo las responsabilidades y las funciones, como la educación o la atención de la salud, se comparten entre los niveles gubernamentales. Esto implica que los marcos fiscales intergubernamentales que impulsan la división de roles de los gobiernos central y subnacional, influyen de manera crítica en el crecimiento y la inclusión de una economía. En esta ponencia trataré de volcar brevemente algunas experiencias de distintos países, las cuales han sido tomadas por nuestro Instituto como fuentes para diferentes líneas de investigación.

Ante un auditorio especializado en el tema y conocedor de la copiosa literatura acerca de los marcos fiscales intergubernamentales, desarrollaré la problemática de la descentralización desde perspectivas muy específicas:

 

- La descentralización y el tamaño de los países

- La descentralización y la privatización de servicios públicos

- La descentralización y la complejidad de normativas

- La descentralización y el mercado interno

- La descentralización y el fenómeno de la corrupción

- La descentralización y la asignación de impuestos y gastos

- La descentralización y las reformas tributarias

- La descentralización y coordinación macroeconómica

- La descentralización en entornos de grandes disparidades regionales

- La descentralización y el empleo en el sector público

 

Quiero adelantarles que las breves referencias de las experiencias comparadas que les voy a trasmitir, y tal como lo observarán a lo largo de la exposición, se sustentan, más en el sentido común y en la lógica de la política, que en profundos trabajos científicos relacionados con las finanzas públicas.

I. La descentralización y el tamaño de los países

Uno de los fuertes argumentos teóricos a favor de la descentralización fiscal es que las preferencias y las necesidades de los ciudadanos y contribuyentes para las actividades del sector público son mejor conocidas por los funcionarios del gobierno local que por aquellos que representan al  gobierno central.  La razón dada es que la contigüidad proporciona más información mientras que la distancia reduce la cantidad de información necesaria para tomar buenas decisiones.

Se asume que este argumento es lo suficientemente fuerte como para neutralizar las ventajas que  puedan tener las economías de escala en el producción de bienes y servicios públicos y en la generación de ingresos fiscales.

Pero debemos reconocer que si se acepta este  argumento implicaría que los países pequeños deberían ser más exitosos que los grandes países en satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones. La paradoja de estos argumentos (si fueran válidos) es que habría más razones para que distintas regiones justificadamente quieran independizarse en pequeños países (en países pequeños) que para establecer la descentralización fiscal.

II. La descentralización y la privatización de servicios públicos

Cuando se toman decisiones políticas para fortalecer la descentralización fiscal es costumbre comenzar a analizar las funciones existentes del gobierno central e identificar las que podrían ser transferidas a los gobiernos subnacionales. En distintos países se consideró que  muchas actividades gubernamentales podían ser transferidas tanto a los gobiernos subnacionales (a través de descentralización fiscal) como, alternativamente, al sector privado. Por lo tanto, puede considerarse que la privatización de determinados servicios puede ser una posible alternativa a la descentralización de los mismos.

Se puede suponer que cuanto más pequeño es el papel del gobierno en un país, menos necesidad hay de descentralización. Un gobierno minimalista probablemente sería mejor si se tratara en gran medida de un gobierno nacional.

Así, la necesidad de la descentralización puede crecer con el tamaño del gobierno.

¿Qué tipo de actividades se prestan a la privatización y qué tipo de actividades se prestan a la descentralización? Esta es una pregunta importante que tiene tantas respuestas como ideologías que las sustentan. La tendencia de los últimos años, a pesar de algunas experiencias negativas y casos de corrupción,  parecería ser que muchas de las cosas que los gobiernos han hecho podrían ser llevadas a cabo igualmente bien o mejor por el sector privado. Los desarrollos tecnológicos están ayudando en esta dirección. Las experiencias de muchos países muestran que la privatización de numerosas actividades públicas no es solo factible sino también deseable. Los ejemplos van desde la recolección de basura, hasta la provisión de electricidad, transporte, agua, servicios de salud, educación e incluso la totalidad o parte de las pensiones.

Incluso las cárceles o los cementerios pueden ser privatizados. Algunas de estas actividades  son a menudo puestas en discusión para evaluar su  descentralización. Por lo tanto, la privatización debe ser considerada como una alternativa a la descentralización para muchas actividades públicas. Por supuesto, la privatización no es siempre la mejor opción, pero siempre debería ser una opción a considerar.

Cuanto más extenso es el proceso de privatización, menor justificación debe haber  por la descentralización fiscal. Sería interesante hacer un cuidadoso inventario de actividades que pueden ser privatizadas o descentralizadas y evaluar los costos y beneficios potenciales de estas alternativas. No obstante, los ciudadanos de un país podrían desear mantener una actividad pública incluso cuando la alternativa privada esté disponible. Esto es, por ejemplo, el caso de algunas actividades culturales.

III. La descentralización y la complejidad normativa

Resulta una constante que en la mayoría de los países las autoridades subnacionales, incluidos los municipios tienen una tendencia a crear un sin número de regulaciones. De hecho, se observa que en varios países una gran parte de las regulaciones y especialmente aquéllas que afectan a las actividades económicas, no son impuestas por el gobierno nacional sino por los  subnacionales. Cada nivel de gobierno tiene sus propias necesidades financieras y, por ende, tienden a regular algunas actividades.

Podríamos suponer que cuanto más descentralizado se vuelve el gobierno, y más  niveles de jurisdicciones surjan, más regulaciones se introducirán.

Algunas de estas regulaciones serán necesarias y útiles; otras mucho menos útiles o incluso perjudiciales. El motivo es que cada capa administrativa querrá perseguir sus propios objetivos y muchas veces no tendrá los medios financieros para hacerlo a través del gasto. Así, se basará en regulaciones. Por lo tanto, cada vez que uno agrega otra capa de gobierno, ya sea provincial o regional: es probable que aumente el número de regulaciones perjudiciales.

No he visto ninguna investigación sobre la relación entre el grado de descentralización y el número de regulaciones en un país. Tal investigación indicaría qué sucede cuando un país agrega niveles gubernamentales adicionales. Qué pasa si cada nivel persigue sus propios objetivos, no solo a través de los impuestos y el gasto público, sino también a través de regulaciones. La observación directa sugiere que cuanto más limitadas están las autoridades de los países en el aumento de los ingresos y en el gasto, más probable es que tratarán de confiar en regulaciones para perseguir sus objetivos. Por razones obvias, los gobiernos locales tienen a menudo muchas más restricciones para  aumentar los ingresos que los gobiernos nacionales.

 IV. La descentralización y el mercado interno

En general se da por sentado que un país representa un mercado único dentro del cual el trabajo, el capital o los bienes circulan libremente. Sin embargo, en los países descentralizados y especialmente en aquellos con menos respeto por los mercados, cada jurisdicción puede introducir reglas que conduzcan a alguna fragmentación del mercado nacional. La residencia u otros requisitos pueden restringir el movimiento de mano de obra; y varios obstáculos transparentes u ocultos pueden restringir el movimiento de bienes y capital.

Se ha informado que en algunos países los bienes no siempre pueden ser trasladados  de una región a otra sin pasar por las "fronteras" domésticas y  “aduanas” de facto.

Existen varios impedimentos para las actividades de mercado, los cuales  se originan ya sea desde la reglamentación o la tributación. Pensemos en la competencia fiscal dentro de los Estados Unidos o Brasil. La competencia fiscal entre estados o regiones, a través de diferentes incentivos para las empresas, contribuye a alguna mala asignación de capital, y diferentes impuestos sobre las ventas o impuestos sobre la renta personal pueden influir  los patrones de gasto y la asignación de mano de obra.

Dentro del IEFPA nos hemos propuesto estudiar los efectos de diferentes regulaciones e impuestos sobre los mercados domésticos de países como Argentina, Brasil, India, Rusia y China para esclarecer  si estos efectos pueden ser negativos o positivos para la asignación de los recursos y para el crecimiento. Por otro lado, un país unificado que es un país que no es fiscalmente descentralizado en general no tiene estos problemas o, al menos, no los tendrá en la misma medida. En estos países, sin embargo, puede haber intentos de interferir con las decisiones de mercado, por ejemplo, proporcionando incentivos para la inversión en zonas más pobres. En conclusión, parecería que en muchas situaciones prácticas, la descentralización podría limitar  más que mejorar el mercado.

V. La descentralización y el fenómeno de la corrupción

Otro tema de importancia potencial se relaciona con la gobernabilidad y la corrupción. Algunos documentos han llamado la atención sobre la conexión potencial entre la descentralización y corrupción. Otros han intentado refutar la existencia de tal conexión o incluso argumentan que la descentralización reduce la corrupción. La razón de la hipótesis de la existencia de una relación entre descentralización y corrupción es que, en muchos países, las instituciones locales están menos desarrolladas que las nacionales. Muchas razones explican esto; por ejemplo, las personas más destacadas tienden a unirse al gobierno central, donde su carrera a largo plazo tiene  mejores perspectivas. Además, es probable que los gobiernos nacionales puedan crear Administraciones públicas más transparentes y responsables. Por ejemplo, la asistencia técnica externa generalmente se dirige al gobierno central y no a los gobiernos locales.

Estas consideraciones tienen que ser matizadas, por supuesto. En países como Australia, Canadá, Alemania y Estados Unidos el nivel educativo de la población es tan alto que personas altamente capacitadas están disponibles para todos los niveles de gobierno y, por lo tanto, pueden ser creadas buenas instituciones por todos. Sin embargo, en muchos países, las personas más talentosas se unen al gobierno nacional mientras que la calidad de las instituciones gubernamentales locales tiende a ser más baja. Salarios más bajos, menos perspectivas de avance, varias regulaciones y mayor contigüidad de empleados y ciudadanos, también aumenta la posibilidad de que la gobernanza sea menor en los  gobiernos locales. Las observaciones casuales indican que de hecho, la corrupción está más extendida a nivel local que a nivel nacional. En los Estados Unidos  por ejemplo, casos de corrupción explícita han sido reportados a lo largo de los años mucho más en los Estados locales que en el  gobierno nacional. Los recientes intentos empíricos de resolver esta pregunta han dado hasta ahora resultados conflictivos.

VI. La descentralización y la asignación de impuestos y gastos

La relación entre descentralización y la asignación de impuestos y gastos es una de las características más significativa de la descentralización fiscal. Asignar gastos implica decidir cuáles son las responsabilidades de los gobiernos nacional y subnacionales. Estas decisiones nunca son, ni pueden ser, precisas y definitivas. En los Estados Unidos, por ejemplo, se supone que la educación es una responsabilidad de los gobiernos  subnacionales.  Sin embargo, el gobierno federal interviene a menudo para definir planes de estudio y normas, para otorgar dinero para la investigación, para regular, para asignar becas, y así sucesivamente. Este  problema, por supuesto, no se limita a los Estados Unidos. A menudo trae fricción entre los representantes locales y el gobierno nacional y opaca sus distintas responsabilidades. El problema es que es difícil asignar  responsabilidades precisas sobre los gastos.

Como consecuencia, las responsabilidades a menudo se superponen. Así surge la confusión cuando dos o tres niveles jurisdiccionales diferentes intervienen para perseguir objetivos similares. Esta confusión, por supuesto, tiene implicancias para el gasto público, porque de alguna manera las responsabilidades de las jurisdicciones subnacionales deben ser financiadas a través de impuestos o transferencias.

Por su parte, la cesión de impuestos es difícil debido a consideraciones administrativas, de economías de escala en las administraciones tributarias, el acceso a la información, la competencia tributaria y otros factores que deben  ser tenidos en cuenta. En este sentido, me gustaría mencionar el papel de la tierra y los  impuestos a la propiedad que son los impuestos más fácilmente asignables a las jurisdicciones locales. Ellos juegan un papel importante en los países donde los gobiernos locales trabajan relativamente bien. Tales impuestos generan alrededor del 3 por ciento del PIB en los Estados Unidos, Reino Unidos y algunos otros países. Pero la tributación de los bienes inmuebles no es fácil porque requiere valores catastrales confiables y actualizados o valores de mercado actuales para los impuestos a las propiedades.  En los Estados Unidos, los valores catastrales no son necesarios porque las ventas de las propiedades son más frecuentes y transparentes que en otros lugares.

Así, las administraciones locales pueden confiar en los precios de venta para determinar los pasivos fiscales por las propiedades vendidas y otras para los similares. Sin embargo, la valoración del mercado es mucho más difícil en los países donde las ventas tienen lugar con menos frecuencia o donde son menos transparentes.

Varias soluciones han sido intentadas a lo largo de los años por países como Colombia y otros. Una sugerencia interesante fue hecha hace cuatro décadas por Maurice Allais, quien propuso que las personas autoevalúen el valor de sus propiedades. Las evaluaciones se harían públicas. Cualquiera que quisiera comprar estas propiedades en, digamos, un cierto porcentaje por encima del precio declarado podría dar un paso adelante y proponer su compra. Si el  vendedor se negó a vender, la oferta más una multa se convertiría en la base para determinar el impuesto a la propiedad. Al menos, en teoría, este es un mecanismo relativamente simple y autoimpuesto que podría ser juzgado en algunos países, el gobierno tiene el derecho de comprar la propiedad al valor auto-evaluado o declarado, pero este derecho rara vez se ejerce.

Otros impuestos han sido asignados a los gobiernos locales. Estos van desde ventas al por menor impuestos en los Estados Unidos, impuestos sobre el valor agregado en Brasil, impuestos sobre los ingresos brutos en argentina, IRAP impuesto regional a las actividades productivas en Italia, impuestos sobre la renta y el consumo en muchos países, y así sucesivamente. En algunos países, como Argentina y Rusia, el gobierno nacional ha compartido algunos de los Impuestos recaudados con los gobiernos locales. En China, fueron los gobiernos locales los que compartieron sus impuestos con el gobierno nacional.

En general, cuanto mayores son las diferencias regionales en el ingreso per cápita y más uniforme son los estándares de los servicios públicos que el gobierno nacional quiere proporcionar, mayores serán las transferencias de los gobiernos nacionales a los locales. Pero éstas crean riesgos morales y, en ocasiones, situaciones en las que los presupuestos flexibles se convierten en la norma.

VII. La descentralización y las reformas tributarias

La existencia de una estructura fiscal descentralizada ha sido a menudo un impedimento importante para realizar las reformas impositivas necesarias. Les doy algunos ejemplos.

Brasil ha intentado reformar su impuesto al valor agregado durante muchos años, pero se ha enfrentado a grandes dificultades porque el impuesto al valor agregado actual se aplica a nivel estadual. Ha sido imposible llegar a un consenso entre las autoridades estaduales para hacer cambios para que  el sistema tributario sea más eficiente. El actual impuesto al valor agregado fomenta la competencia tributaria entre los estados y crea una fragmentación sustancial del mercado interno.

Argentina sigue teniendo un impuesto a la facturación (a los ingresos brutos) anticuado, similar a los que existían en los países europeos en la década de 1950 antes de la introducción del impuesto al valor agregado. Es un impuesto en cascada gravado a nivel provincial. Durante muchos años el gobierno central ha querido  eliminar este impuesto que crea distorsiones en la economía (incluyendo el desaliento de las exportaciones) y reemplazarlo con fuentes de ingresos más eficientes. Este problema ha estado en continua discusión durante muchos años entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Los expertos de ambos lados coinciden en que el sistema actual es ineficiente y necesita ser cambiado. Sin embargo, el impuesto genera ingresos sustanciales y la estructura federal ha dificultado el logro de un consenso para la reforma. Dado que los cambios afectarían a diferentes provincias de manera diferente, casi cualquier propuesta es rechazada por alguna región.

India sería mucho mejor si tuviera un impuesto al valor agregado en lugar del  torpe arreglo que ahora tiene con muchos impuestos especiales distorsivos. Sin embargo, el gobierno central no  puede hacer el cambio debido a la estructura descentralizada del país. Una vez más casi cualquier cambio es enfrentado por algún estado. Estos no son ejemplos aislados sino que dicen algo de una historia común.

En países con acuerdos de reparto de ingresos entre diferentes niveles de gobierno, las distintas participaciones de los ingresos de impuestos particulares van al Estado o a los gobiernos locales. Estos acuerdos de participación afectan tanto a la administración tributaria como a la política. Por ejemplo, en Argentina, en la década de 1980, cuando el gobierno nacional desesperadamente necesitaba más ingresos fiscales, prestaba más atención a los impuestos para los cuales solo una pequeña parte de los ingresos fuera a los gobiernos locales. Para estos impuestos gran parte del aumento de ingresos permaneció con el gobierno nacional. Algunos de estos impuestos eran muy ineficientes tales como los de exportación e importación. Sin embargo, debido a que el gobierno nacional obtuvo la mayor parte del aumento de ingresos en un momento en que estos ingresos eran muy necesarios, estos impuestos eran privilegiados. Este proceso inevitablemente distorsionó la estructura del sistema tributario.

En algunos casos, como Rusia, la administración tributaria puede prestar más atención a algunos impuestos que a otros cuando responde a las presiones políticas provenientes de un nivel particular de gobierno.

VIII. La descentralización y coordinación macroeconómica

El conflicto potencial entre la descentralización y la política macroeconómica ha sido ocasionalmente mencionado en la literatura. Richard Musgrave, por ejemplo, reconoció este problema hace unas cuantas décadas. Con una estructura fiscal descentralizada se hace más difícil coordinar la política fiscal en sentido contracíclico. A veces, los gobiernos subnacionales pueden seguir una política fiscal expansiva en el momento en que el gobierno nacional persigue una política contractiva. Esto es especialmente cierto cuando los gobiernos locales se enfrentan a presupuestos blandos y pueden pedir prestado fácilmente. Los gobiernos locales pueden incurrir en grandes deudas cuando creen que el gobierno nacional los rescatará. En los últimos años estos problemas han aumentado considerablemente en Argentina y Brasil y en algunos otros países. Estos problemas se vuelven mucho menos importantes, incluso dentro de una estructura descentralizada, cuando las responsabilidades de los diversos gobiernos están bien definidas.

X. La descentralización en entornos de grandes disparidades regionales

En un entorno descentralizado, y especialmente cuando las diferencias étnicas caracterizan la población y estas diferencias son características de diferentes partes del país, las distintas regiones pueden comenzar a verse a sí mismas como diferentes poniendo así en movimiento fuerzas centrífugas. Lo hemos visto en varios países.

Este problema tiende a tener serias implicaciones para países con importantes recursos naturales ubicados en regiones particulares. En un país centralizado, como Francia si, por  ejemplo, se encontraran grandes depósitos de petróleo, no importaría en qué lugar del país estuvieran situados. El gobierno podría explotarlos o gravarlos y usar el dinero para financiar sus actividades nacionales.

En países altamente descentralizados como Nigeria, Indonesia o Rusia, cuando se descubren recursos naturales, a menudo surgen problemas porque la región donde se hizo el descubrimiento intentará  reclamar para su propio uso los ingresos de los nuevos recursos. Esto lleva a la política problemas y, ocasionalmente, incluso a guerras entre regiones. También crea problemas para el rol de redistribución del ingreso del gobierno. Una de las principales funciones de un gobierno nacional  es precisamente redistribuir el ingreso de las regiones más ricas y los individuos a los más pobres a través de la provisión ampliamente uniforme de bienes y servicios públicos.

Cuando los niveles de ingreso de las regiones dentro de un país son relativamente iguales, y cuando los recursos naturales importantes no se concentran en una región, es más fácil tener un buen funcionamiento descentralizado. Sin embargo, cuando los niveles de ingresos son muy diferentes entre regiones, por lo que una región tiene que subvencionar a otra en una escala significativa, se convierte en mucho más difícil perseguir una política efectiva de redistribución del ingreso. Cuando la diferencia en el ingreso se debe a la concentración de los recursos naturales en una región, en un entorno  descentralizado, la dificultad para perseguir tal política puede ser particularmente grande.

XI. La descentralización y el empleo en el sector público

Un último punto que me gustaría remarcar es que la descentralización puede generar mayor empleo público debido a la necesidad de tener administraciones públicas en más niveles que en una estructura centralizada y debido a la capacidad más limitada para explotar economías de escala.

Esta conjetura podría ser probada con datos reales. No tengo conocimiento de ningún estudio que haya intentado probar esta afirmación.

Conclusiones

En función de lo expuesto, debería ser obvio que no pertenezco al grupo de optimistas que creen que la descentralización fiscal es a menudo la solución para muchos problemas. Prefiero concluir que si la descentralización es un objetivo político importante para un país en particular, si éste puede establecer las instituciones que harán el trabajo de descentralización con un grado razonable de eficiencia –(instituciones relacionadas con política tributaria, administración tributaria, sistemas de gestión de gastos, presupuestos  y especialmente las instituciones que permiten al gobierno central transferir recursos a los gobiernos locales con cierta seguridad de que los recursos se utilizarán de manera efectiva y para el propósito por el cual se transmitan), entonces creo que la descentralización puede ser una buena política.

Sin embargo, bajo diferentes circunstancias, que desafortunadamente son más comunes de lo que muchos economistas reconocen, sería más reacio a recomendar a un país que aún no está descentralizado que inicie un proceso en este sentido. Si el país ya está descentralizado y especialmente si su constitución requiere que sea así, entonces no hay mucho que se pueda hacer excepto vivir con él e intentar que el proceso sea tan eficiente como sea posible. En tal caso, el esfuerzo debe ir en la mejora de las instituciones necesarias para hacer que la descentralización fiscal funcione.

Hoy en día hay una decisión clave que tomar: si el gobierno debe estar unificado, como en el modelo francés, o descentralizado, como en el modelo estadounidense. En la mayoría de los casos del mundo real todos los países, en cierta medida, son ya descentralizados. Las decisiones se toman en el margen y la cuestión principal es si descentralizar más. Debemos reconocer la validez del argumento de que las condiciones para el éxito de la descentralización podría, en teoría, ser creado por el propio proceso de evolución y que hay ejemplos de gobiernos locales que puedan responder al desafío de mayores responsabilidades. Sin embargo, la experiencia observada en un gran número de países sugiere precaución en este proceso porque las condiciones para el éxito de la descentralización a menudo no están presentes. Cuando este es el caso, más descentralización significa que el país paga un precio en términos de eficiencia y / o estabilidad.

Como comenté al principio estas breves referencias de las experiencias comparadas se sustentan más en el sentido común y en la lógica de la política que en profundos trabajos científicos relacionados con las finanzas públicas, pero entiendo que las mismas dan muestras que muchos de los conceptos elementales del federalismo deben ser respetados a la hora de tomar decisiones políticas. Todos sabemos que el límite) de las decisiones fiscales erróneas lo marca la ciudadanía a través de graves conflictos políticos y sociales como los sucesos provocados en París recientemente por los “Chalecos amarillos”. Hay infinidad de antecedentes en el mismo sentido: en Gran Bretaña  el gobierno de Margaret Thatcher cae por su obstinada determinación de crear un impuesto “que era una tasa plana por la que pagaba lo mismo un barrendero que viviera en un barrio degradado que un aristócrata con residencia en el elegante Mayfair londinense”; En Argentina, todo recordamos  el caso de la primera muerte en un conflicto social del anterior gobierno por una protesta por las retenciones en el impuesto a las ganancias de los trabajadores petroleros.

Muchas gracias por dar un espacio al ámbito académico en este debate tan prolongado acerca del deber ser del Federalismo Fiscal Argentino.

* Fuente: Investigación del Dr. Vito Tanzi presentada en el marco de la "Conferencia sobre descentralización fiscal", Patrocinada por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI (FAD), Sede del FMI, Washington, D.C., 20-21 de noviembre de 2000

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