A continuación reproducimos dos artículos periodísticos que argumentan posiciones radicalmente diferentes sobre la (in)conveniencia de aplicar retenciones. Uno publicado el día 4 de junio en el diario Página 12 y el otro, en La Nacion el 17 de julio.

El canto de sirena de las retenciones

Por Marcos Buscaglia, La Nación, martes 17 d ejulio de 2018  

Un coro de economistas ligados al peronismo y al radicalismo propone subir los impuestos a las exportaciones (retenciones), como parte del ajuste fiscal y para abaratar el precio de los alimentos exportables. Sin embargo, las retenciones son inequitativas, encarecen el precio de los alimentos, limitan el crecimiento del sector más competitivo y desvían la atención del problema principal, que es el exceso de gasto público. Países de la región como Uruguay y Brasil, u otros exportadores agrícolas como Australia y Estados Unidos, no las aplican. Las retenciones son tan mal impuesto que no las aplica ningún país exitoso.  

Desde lo fiscal, además de ser de fácil cobro, quienes apoyan las retenciones alegan que el sector agrario tendrá una "renta extraordinaria" por la devaluación del peso, y por lo tanto no está mal cobrarles un impuesto extraordinario. Desde el punto de vista de los precios, las retenciones actúan como una "cuña" entre el precio internacional de bienes como el trigo o el maíz y su precio doméstico, y por lo tanto reducen el precio que consiguen los productores locales, redundando eso en menores precios para los consumidores argentinos.

La evidencia acerca del impacto de las retenciones sobre el precio de los alimentos es más bien limitada en el corto plazo y, dada suficiente cantidad de tiempo está claro que resultan contraproducentes, porque impactan negativamente en la producción. Los casos del trigo y la carne en la Argentina son más que evidentes: los impuestos a las exportaciones y otras distorsiones introducidas en el sistema de precios agrícolas terminaron perjudicando la producción, afectando tarde o temprano los precios domésticos. Las restricciones impuestas por Perón resultaron en una caída de la producción de trigo de 6,8 millones de toneladas en 1944 a 2,1 millones en 1952 (una sequía también afectó la producción). En tanto, la producción mundial se expandió un 37%. Más acá, la producción de trigo alcanzó los 16 millones de toneladas en 2000/01 y cayó a 10 millones en 2015/16. Una vez levantadas las retenciones, la producción de trigo explotó y puede superar los 19 millones de toneladas en la próxima cosecha. El precio del pan cayó en términos relativos al resto de la canasta de bienes de consumo en los últimos dos años. La producción de carne y el stock ganadero se derrumbaron en el gobierno de Cristina Kirchner. Luego del levantamiento de las retenciones, producción, exportaciones y stock ganadero aumentaron y, mientras tanto, el precio de la carne cayó, medido a valores constante.

Los impuestos a las exportaciones son muy inequitativos y distorsivos. La depreciación del peso probablemente aumente las ganancias en el sector agrícola. Así, en 2019 aumentará la recaudación del impuesto a las ganancias cobrado en ese sector. 

¿Por qué gravar al sector adicionalmente? Puede argumentarse que hay mayor evasión que en otros sectores. Pues entonces, la política sería mejorar la capacidad de fiscalización de la AFIP. Un argumento común es que la oferta de tierra es inelástica, y por lo tanto las ganancias cuando suben los precios tienen la característica de "renta". En ese caso, quizá, convenga pensar en mayores impuestos a la tierra. Las retenciones son muy distorsivas porque no gravan las ganancias, sino las ventas. Esto perjudica a los productores cuando suben los costos, y discrimina claramente a los productores de las provincias más alejadas de los puertos y, muchas veces, con tierras menos productivas. Es por ello que tienen un impacto tan nocivo para la producción.

La imposición de retenciones ha perjudicado el desarrollo de nuestro sector mas competitivo. Países como Nueva Zelanda han logrado niveles de bienestar muy elevados potenciando a su sector agrícola. Nueva Zelanda exporta 10 veces el valor de productos lácteos que la Argentina. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, las exportaciones de carne de Uruguay y Paraguay superaron con creces las de la Argentina. Sin estabilidad en las reglas de juego, y con impuestos tan altos, es muy difícil que podamos aprovechar el potencial del campo argentino. Con reglas estables e impuestos bajos, las exportaciones de productos agrícolas no solo van a aumentar, sino que con el tiempo van a ir migrando de productos básicos a productos con alto valor agregado y precio final.

 Por último, el debate de las retenciones saca de foco el problema principal de la Argentina, que es un gasto público elevado e ineficiente. El gasto público creció en 14 puntos del PBI durante el gobierno de Cristina Kirchner, y en parte fue financiado por las retenciones durante un período de elevados precios internacionales de nuestros productos exportables.

 Al final de su período, un tercio de la población estaba debajo de la línea de pobreza. El sistema político se encuentra ante un desafío importante: carente de financiamiento internacional, tiene que optar por ajustar el gasto público o por seguir subiendo impuestos. Si toma esta última alternativa, muy probablemente pierda la confianza de un sector privado que ya enfrenta impuestos excesivos. Es momento de encarar una mejora en la eficiencia, transparencia y costo del gasto público a nivel nacional, provincial y municipal, evitando el canto de sirena que pide nuevamente cambiar las reglas de juego.

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El costo de bajar las retenciones

Página 12, 4 de junio de 2018

Si el gobierno hubiese decidido poner retenciones de 10 por ciento al maíz y al trigo, el recuperó fiscal hubiese sido de 9840 millones de pesos para el primer caso y de 6750 millones para el segundo, según un informe de CEPA. La estimación se realizó considerando las exportaciones concretadas de cada cultivo en 2017, como base. A su vez, el informe remarca que se hubiese decidido mantener las retenciones de la soja en 30 por ciento para todo este año (en lugar de bajar a 24 por ciento hacia diciembre), el recupero fiscal hubiese trepado a 11.500 millones de pesos. El gobierno, sin embargo, decidió finalmente dejar las retenciones sin cambios.  

El Estado nacional, por lo tanto, se perdió en total de recuperar un total de 28.100 millones de pesos para 2018, que el gobierno de Macri había resignado apenas asumió. Este es un valor de referencia, dado que para ello deberían mantenerse al mismo nivel las exportaciones que 2017, algo que seguramente se reduzca dada la sequía de este año. 

Ahora bien, si se hace el ejercicio de estimar cuánto se pierde de recaudar el Estado por haber modificado el esquema de retenciones de diciembre de 2015, ello arroja un total de 66.131 millones de pesos a 2018, aproximadamente (de nuevo con los datos de exportación de 2017 y al dólar a 25 pesos). 

Con el maíz se perdieron 19.675 millones de pesos en un año (tenia alícuota a 20 por ciento). Con el trigo, si hubiesen seguido las retenciones de 23 por ciento, hoy se estarían recaudando 15.531 millones de pesos al año.

La reducción planeada desde 35 al 30 por ciento de la alícuota para soja entre diciembre 2015 y diciembre 2017 implica, por año, un costo de 19.425 millones de pesos. Adicionalmente, reducir 0,5 puntos por mes a la soja para el 2018 llegaría a significar 11.500 millones de pesos de costo fiscal. Es decir si en 2018 se aplicaran las retenciones originarias de 35 por ciento la recaudación de retenciones a la exportación de soja sería de 30.925 millones de pesos. 

El Gobierno evaluó a mediados del mes pasado restablecer una retención de 10 por ciento para trigo y maíz y frenar la baja escalonada de la retención a la soja debido a la necesidad de reducir el déficit, tal como le exige el Fondo Monetario Internacional, pero sus compromisos con el sector agroexportador se terminaron imponiendo.