¿Se puede gravar la riqueza de América Latina?

Por Fernando Velayos Jiménez, Blog del CIAT, 14 marzo 2018

Únicamente podemos extrapolar que los niveles de desigualdad que observamos en el flujo se traducen, asimismo, en altos niveles de desigualdad en el stock, es decir, en los niveles de acumulación de la riqueza o patrimonio.

Piketty, el gran economista contemporáneo  de la desigualdad, después de emplear cientos de páginas de su admirable trabajo (“el Capital en el Siglo XXI”, 2014) demostrando que el mundo es hoy profunda y crecientemente desigual, y que la riqueza se concentra cada día más, de forma peligrosa, trata de proponer soluciones en los Capítulos finales de su obra. Una de sus propuestas pasa por revitalizar el Impuesto al Capital de una forma coordinada a nivel mundial o cuando menos regional. De acuerdo al autor esto “posibilitaría detener la espiral de desigualdad a la vez que se preserva la competitividad y los incentivos para iniciar nuevas instancias de acumulación”.

Ciertamente, falta más investigación sobre los niveles de patrimonio y su distribución, en particular para la región de América Latina. También debemos profundizar más en los instrumentos que pueden ayudar a reducir la desigualdad, como por ejemplo el rol de los impuestos sobre el patrimonio neto. Esto resulta fundamental en una época en la cual cada vez son menos los países que utilizan este tipo de tributo para mejorar la equidad de sus sistemas tributarios: Cuatro en América Latina y el Caribe (Argentina, Colombia, Guyana y Uruguay) y 5 países europeos como lo son España, Italia -con una fórmula sui generis-, Luxemburgo, Noruega y Suiza.

Hasta hace muy poco, Francia también formaba parte de este grupo. Los argumentos para suprimir el Impuesto en Francia se hacen eco de lo que se podría llamar el “círculo vicioso de la tributación patrimonial”, a saber: un mal diseño, permitiendo todo tipo de excepciones (por ejemplo la vivienda habitual, las acciones de sociedades familiares, determinadas formas de ahorro financiero…), lleva a una baja recaudación; y una baja recaudación reduce el interés político por el impuesto. El círculo se completa fácilmente, pues un bajo interés político permite una mayor presión de grupos de interés para estrechar el patrimonio gravable (más excepciones). Por supuesto las justificaciones para su supresión también pueden presentarse en forma más académica, aduciendo las distorsiones sobre la inversión y el ahorro que el tributo puede causar y con ello su perjuicio sobre el crecimiento económico.

Ahora bien, cada vez es mayor la evidencia de los daños que causa la desigualdad sobre el crecimiento. En contextos de creciente desigualdad, el papel y la función socioeconómica de un Impuesto al patrimonio deberían ser muy diferentes al actual. En efecto, el marco conceptual para evaluar los efectos de un tributo debería ampliarse y trascender al tradicional esquema neoclásico. Es decir, actualizar el trade-off de Okun entre eficiencia y redistribución para que considere los efectos dinámicos de la redistribución sobre un horizonte de tiempo más extenso donde la disminución de la desigualdad genere incrementos de productividad sistémicos.

En este documento de trabajo: “ “Impuestos a la Riqueza o al  Patrimonio de las Personas  Físicas con especial  mención a América Latina y El Caribe” publicado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), intentamos contribuir a esta discusión. Lo hacemos mediante a simulación de distribuciones del patrimonio neto y analizando el rol redistributivo que podría tener un impuesto al patrimonio neto, con tasas progresivas e inferiores a 1.9% y focalizado en el decil más rico, sobre la distribución del patrimonio  y sobre el sistema fiscal en su conjunto  en 5 países de América Latina. Junto a una revisión general del Impuesto a la Riqueza en el Mundo y de sus aspectos normativos, tanto económicos como técnico-tributarios y legales, exploramos diferentes formas de tributación al patrimonio neto, decantándonos finalmente por una forma de imposición balanceada, que se aleje de posiciones populistas y que más bien centre a este tipo de tributo dentro de un debate en el que las pérdidas por eficiencia tengan su contrapeso en los beneficios derivados de una mayor equidad.

En conclusión, repensar la imposición patrimonial requiere abandonar el marco conceptual, legal y político clásico, y dar un salto cualitativo, totalmente permitido (e incluso alentado) por el estado de la técnica, de la colaboración política en materia de impuestos y por la peligrosa realidad de desigualdad creciente que vivimos.