Reforma tributaria: reclaman un debate integral, que incluya subsidios y gastos

Economistas y funcionarios provinciales sostienen que, para un amplio acuerdo, deberían discutirse antes temas como la coparticipación y los criterios de asignación de recursos

Gabriela Origlia,  LA NACION, DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017

CORDOBA. ¿Cuándo será el momento de un acuerdo entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales por el reparto de los recursos? El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, afirmó que después de las elecciones habrá un pacto. Otros integrantes del equipo de Cambiemos no comparten esa mirada, y los gobernadores entienden que antes deberá estar claro qué prestaciones serán responsabilidad de cada quien, y creen que habrá que encarar una discusión "integral" sobre la distribución. En concreto, rechazan analizar impuestos por un lado, coparticipación por otro, y subsidios por otro.

El economista Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), coincide en parte con lo que plantean los gobernadores de la "liga" peronista. Consultado por LA NACION, Flores dice que todo el sistema tributario está basado "en parches" (impuestos que se pusieron por única vez o por un plazo y luego quedaron, subas de alícuotas de emergencia, etcétera) e impactado por el efecto distorsivo de la inflación que, en la última década, implicó que se duplicara la presión fiscal.

"El crecimiento de los ingresos del Estado se hizo sin ninguna lógica y en función de las emergencias -agrega-. No hay una lógica integral; el gasto se acomoda a los ingresos que se tienen y en las provincias la mayor parte de la suba del gasto fue a empleo público. Esa dinámica es insostenible."

Funcionarios de Cambiemos sostienen que no dejarán la gestión sin haber al menos intentado una reforma de la coparticipación, para pasar del actual 74% para la Nación y 26% para las provincias a un esquema de 60% y 40%, respectivamente.

En las reuniones mantenidas con Alfonso Prat-Gay primero y con Nicolás Dujovne después, funcionarios del área de hacienda de las provincias advirtieron que no hay forma de debatir cómo repartir si antes no se define el esquema de impuestos, se incluyen en el análisis los subsidios que entrega la Nación, y se fijan reglas para el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"Por ahora no hay nada claro; sólo que los cambios serán graduales -señala un integrante del gobierno de Córdoba-. De su parte hablan de modificaciones en cuatro o cinco años, básicamente en cargas laborales y en el impuesto al cheque. A diferentes interlocutores ya les planteamos que el trabajo debe ser integral."

Desde el Iaraf, Ariel Barraud señala que en el debate se debe incluir también un análisis sobre cómo es la ejecución geográfica del gasto nacional y cómo se ejecuta la inversión provincia por provincia. "Puede ser más o menos federal y eso también influye en el cálculo final", advierte.

Respecto de la carga que representa Ingresos Brutos, el principal impuesto aplicado a nivel jurisdiccional, hay consenso respecto de que hay que reemplazarlo, ya sea por un IVA de carácter provincial o por un impuesto a las ventas. Ante la multiplicación de las "aduanas internas" (cobro del tributo a productos que llegan desde otras provincias), la Corte Suprema de Justicia en cualquier momento podría definirse en contra. "Tampoco hay nada concreto, sólo menciones", advierten desde Finanzas de Santa Fe.

Barraud plantea que, para redefinir el esquema de la coparticipación, podrían seguirse los modelos de Canadá o Australia. Allí se fijan estándares de gasto público eficientes y, en función de ellos, desde la administración central premian o castigan a las jurisdicciones. El economista aclara que deben existir incentivos para que las provincias eleven su recaudación propia. "La distribución debe ser lo más automática posible, pero primero hay que fijar un objetivo; hoy no hay ninguno", agrega. Los coeficientes, analiza, deberían ser móviles, de manera que cuando se cumple una meta, se puedan cambiar.

En la opinión de Flores, el arranque de la discusión debería pasar por una definición de qué Estado se quiere, qué prestaciones debe ofrecer y cuánto se está dispuesto a pagar para financiarlo: "Ese paso está ausente y es necesario", señala.

Los ministros de las provincias más ordenadas en lo fiscal y financiero, reclaman también "más claridad" en el reparto de los ATN, por ejemplo que no se liberen determinando que deben ir para tal o cuál o municipio. Sobre ese punto, Flores va más allá y dice: "Cuando un distrito se administra mal aparecen los fondos para rescatarlo, y entonces administrar bien no tiene incentivos".

Insiste en que se deben poner reglas de juego que se puedan cumplir, que sean "claras, transparentes y que se respeten". La contracara, según considera, es la ley de Responsabilidad Fiscal, ahora en proceso de reforma, cuyas claves fueron suspendidas en 2009. "Cuando se sancionó ya se sabía que era letra muerta", analiza.

La distribución de subsidios, aunque registró algunas correcciones a partir de la llegada del gobierno de Mauricio Macri, sigue provocando contrapuntos con la Nación, porque se concentran en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense, tanto en el área de energía como en la de transporte. Hay conciencia de que el problema "no puede resolverse en unos meses, pero lo que se entrega por esa vía también se debe computar", afirma un ministro salteño.

Todavía no se puede acceder a datos del reparto de subsidios por jurisdicción, pero Flores ratifica que -en el caso de la energía- fueron uno de los "peores gastos", inequitativos en lo territorial y también respecto de los segmentos favorecidos. Y concluye: "Fueron un incentivo nocivo para los consumidores y para las empresas, que requerían más lobby que eficiencia; además de tener un costo fiscal altísimo. Las subas de tarifas provocaron un escándalo, pero es el sendero para reducirlos".

El tema en la Justicia
El debate entre la Nación y las provincias tendrá su anticipo en la Justicia. La Corte citó a los representantes de las provincias, a excepción de Buenos Aires, por la causa iniciada por el gobierno de María Eugenia Vidal por el "Fondo del Conurbano Bonaerense" que, desde 1996, es de $ 650 millones.