Por  MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA, El Pais, Madrid, 19.03. 2016  

En un mundo abierto en canal por la fractura de la inequidad, el fraude y el abuso fiscal se ha transformado en un problema planetario. Solo la contabilidad del perjuicio es un descenso a la noche más negra. Porque al fin y al cabo, detrás de bancos y corporaciones hay personas que deciden. Aunque sea en quebranto de todos los demás. Los paraísos fiscales esconden entre 15 y 30 billones de dólares, las estrategias de las multinacionales para reducir su tributación suponen una pérdida de ingresos globales que representa entre el 4% y el 10% de la recaudación del impuesto de sociedades. Es decir, un lastre para el erario público que oscila —según las “estimaciones más conservadoras” de la OCDE, el organismo que integra a las naciones con mayor nivel de industrialización del planeta— entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales (de 90.000 a 216.000 millones de euros). Reflejados en el espejo, los países en vías de desarrollo pierden 120.000 millones (108.000 millones de euros) por los mecanismos insolidarios. Una aritmética de la injusticia que exigiría un nuevo orden fiscal.

El daño que produce ese vaciamiento de las arcas es profundo en la educación, la asistencia sanitaria y el Estado del bienestar, y puede rastrearse a través del triángulo, nada equilátero, que dibujan la inequidad en el reparto de la riqueza, los paraísos fiscales y la elusión de las grandes corporaciones. Una geometría en la que los de siempre son quienes salen peor parados. “Con las políticas de austeridad golpeando con mayor dureza a los más pobres, la repercusión del abuso fiscal en la desigualdad es directa”, observa George Turner, investigador de Tax Justice Network, un grupo de activistas que denuncian los abusos sistemáticos del sistema impositivo internacional.

En este mundo interconectado, incluso el Reino Unido, una tierra que ha hecho bandera del laissez faire, laissez passer, ha dicho basta a al expolio fiscal. Eso sí, ha necesitado saber que la filial inglesa de Facebook pagó solo 4.327 libras (5.580 euros al cambio actual) en impuestos en el país durante 2014. Injustificable cuando ese territorio representa el 10% del mercado mundial de la compañía y sus altos directivos se llevaron ese mismo año a casa un salario medio de 210.000 libras (270.000 euros).

Flema británica

Estos números martilleaban la memoria de Meg Hillier, presidente de la comisión parlamentaria de Cuentas Públicas del Reino Unido, cuando interrogó hace unos días, con evidente enfado, a Matt Brittin, jefe de Google en Europa. “¿Entiende”, espetó al responsable de la tecnológica, “la ira y la frustración de la gente, cuando, ante esas enormes cifras, se zafan con 130 millones de libras?” Esa fue la compensación que el buscador acordó con el Gobierno británico. Más tranquila, y por correo electrónico, la parlamentaria del Partido Laborista valora la importancia que ha tenido “el enfado de la sociedad con el comportamiento de algunas corporaciones para que este tema se haya trasladado a la agenda pública”.

Porque toda sociedad tiene un límite de ruptura y de hartazgo. Aunque tarde, el G20 y la OCDE se han dado cuenta de que ese abuso fiscal de las grandes empresas —que cuesta al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros a la Unión Europea en impuestos evadidos— es un problema socioeconómico profundo. Su repuesta ha sido un proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS, en sus siglas en inglés, cuyo borrador más avanzado se conocerá el 12 de abril. Un empeño de 15 propuestas (llamadas acciones) y miles de folios que “representa” —según Pascal Saint-Amans, director de asuntos tributarios de la OCDE— “la primera renovación sustancial de los estándares fiscales internacionales en casi cien años”. Un cambio, eso sí, con letra pequeña. Porque “las BEPS no son vinculantes y su aplicación depende de la voluntad de cada país”, aclara José Luis Groba, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Sin embargo, el organismo europeo estaba obligado a reaccionar pues desde que trascendió en 2014 el llamado caso LuxLeaks los ciudadanos europeos se sentían estafados. Varias filtraciones revelaron que cientos de multinacionales como Ikea, Pepsi y FedEx habían llegado a acuerdos secretos con Luxemburgo para eludir el pago de millones de euros en impuestos. La Unión Europea sintió el topetazo de la deslealtad y Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, señaló con el dedo. Por ahora ha exigido a Fiat en Luxemburgo y a Starbucks (Holanda) el abono de 30 millones de euros cada uno en tributos pendientes. En su lista de investigados también andan Amazon (Luxemburgo) y Apple (Irlanda). Además en enero pasado exigió el pago de 700 millones a 35 multinacionales en Bélgica por eludir impuestos, según The Guardian. De esta sangría ha tomado buena nota el Gobierno francés quien acusa a Google de escamotear a sus arcas 1.600 millones de euros.

Pero todas estas cantidades son disparos a bulto. Porque “el mayor problema con el abuso de las multinacionales es que no podemos conocer el verdadero alcance de los daños. No están obligadas a hacer públicos sus ingresos país por país, por lo que averiguar la auténtica dimensión de la elusión resulta casi imposible”, alerta Koen Roovers, asesor de la Unión Europea en la Coalición de Transparencia Financiera, un grupo de organizaciones no gubernamentales que vigila las grandes tendencias económicas. Para evitarlo, la normativa de la OCDE quiere que las multinacionales publiquen sus ingresos, número de trabajadores, fondos propios e impuestos que pagan en cada nación. La vía de agua en este reto es que esa obligación solo afectaría a las compañías que facturan más de 750 millones de euros. Con este rasero, el 85% de las grandes corporaciones del planeta seguirán en la oscuridad.

Desde luego resulta complicado iluminar el mundo de los impuestos cuando afecta a compañías de gran dimensión y a enormes flujos de dinero. Dan igual las esperanzas y las intenciones. “El proyecto BEPS marcará las diferencias a la hora de reducir la elusión fiscal”, relata Pascal Saint-Amans. Pero el optimismo en fiscalidad resulta un apunte escaso. Michael P. Devereux, director del centro fiscal de la Universidad de Oxford y una de las voces más poderosas en esta disciplina, cree que “a largo plazo esta propuesta no tendrá éxito porque los contribuyentes seguirán organizando a su modo estos temas, independientemente de la normativa que haya”. “Por el contario”, aventura, “complica aún más el sistema. Y no aborda la distorsión entre el comportamiento empresarial y la competencia fiscal”.

En esas últimas seis palabras se esconde un problema de billones de euros: los paraísos fiscales y los territorios de mínima tributación. Buena parte de los beneficios desaparecidos de las grandes compañías terminan en jurisdicciones con una fiscalidad próxima a cero. Luxemburgo, Bermuda y los Países Bajos son de largo los más importantes. Aunque cada uno posee su propia operativa todos tienen en común que son utilizados con frecuencia en las estructuras fiscales de las grandes corporaciones.

Una dura batalla

El problema es que “aunque formalmente se ha terminado con la opacidad de muchos paraísos su fiscalidad sigue siendo nula o casi nula”, advierte José María Mollinedo, secretario general del sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Además la legislación tampoco lo pone fácil. Continúan prohibidas las fishing expeditions. Es decir que la autoridad fiscal de un país pueda dirigirse a un banco domiciliado en uno de esos territorios para pedir información genérica de algunos de sus clientes. Solo se permiten solicitudes detalladas. Un trámite que obliga a cursar un master en paciencia y a resignarse a dar por perdida la batalla. “La eliminación a corto plazo de los paraísos resulta imposible, aunque más adelante se restringirán mucho”, prevé José María Remacha, profesor de fiscalidad internacional de Esade.

De momento, la inversión desde España hacia estos territorios aumentó, según un informe de la ONG Oxfam, un 2.000% en 2014. En el detalle se cuenta, por ejemplo, que este flujo de dinero español dirigido a las islas Caimán es 64 veces superior al que se destina a Alemania. En esos espacios off-shore, que mezclan el fraude y la insolidaridad, el economista Gabriel Zucman estima que podría haber unos 7 billones de dólares en patrimonio personal sin declarar. Esto supone una pérdida en impuestos de 200.000 millones de dólares (180.000 millones de euros).

Cuentas opacas

Y partiendo de la idea de que los gobiernos no pueden gravar lo que no ven, ese dinero oculto se malbarata como aliado para corregir la inequidad que producen los mercados financieros. “Los paraísos fiscales permiten a los ricos eludir los impuestos y socavan las políticas gubernamentales destinadas a mejor las condiciones de los pobres”, reflexiona Jeffrey Winters, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Northwestern (Inglaterra), quien estudia las élites económicas. “La única opción que le queda a la Administración es bajar en la escala social y comenzar a gravar con más tributos a las clases medias altas para pagar los servicios básicos de los excluidos. Esto es lo que hacen los países escandinavos”.

Resulta evidente que esas tierras fiscalmente oscuras también ceban la desigualdad. Un problema muy retratado pero que continúa generando sorprendentes imágenes. Oxfam calcula que este año las 62 personas más ricas del planeta acumularán tanto dinero como los 3.500 millones de seres humanos más pobres. En este descenso al corazón de la injusticia, Winters se traslada a la Roma de hace 2.000 años para interpretar el presente. “El nivel de concentración de la riqueza actual no tiene precedentes en la historia”, advierte. “Pensemos en el Imperio Romano y los Estados Unidos. Si comparamos la riqueza media de las 500 personas más adineradas de cada sociedad vemos que en los tiempos romanos esos cinco centenares de oligarcas eran 10.000 veces más ricos que un ciudadano corriente. O sea, un esclavo o un campesino sin tierras. En Estados Unidos el mismo ratio es de 58.000 a uno”. Una desigualdad parecida se siente también en España. La fortuna del 5% más rico supera ya la riqueza en manos del 90% más pobre. O sea, hay 2,3 millones de personas en España que poseen un patrimonio superior al de 42 millones.

Y estos oligarcas del dinero han levantado muros para proteger sus privilegios: enormes fortunas y bajos impuestos. Para ello han construido una verdadera industria de defensa de la riqueza. Un sector vigilado por una legión de abogados, contables, lobistas, consultores, activistas antiimpuestos y otros profesionales cuyo único objetivo es explotar todos los huecos legales del sistema para preservar el dinero y el statu quo de los insolidarios. Tretas inalcanzables para un contribuyente normal. Es más, cuando se plantean ideas redistributivas como la tasa Tobin —destinada a gravar las transacciones financieras— ese ejército poco a poco logra descafeinarlas, mientras la industria y sus defensores amenazan con el Armagedón. Este gravamen “puede generar un coste significativo de implantación en las entidades financieras y un impacto de sostenibilidad en algunas áreas de negocio. Además tampoco descartamos que su plácet produzca efectos negativos en la economía real”, valora Ignacio García, socio de Deloitte Abogados.

Goliats financieros

Sin embargo, esa tasa, que en la práctica supone echar arena en vez de aceite al engranaje de las finanzas, radiografía un hastío. “El sector financiero es muy grande, tiene demasiada influencia y acapara mucho talento”, censura Miguel Otero Iglesias, investigador principal de economía política internacional del Real Instituto Elcano. “Además, cada vez más gente piensa que no ofrece un gran servicio a la economía general ni a la sociedad”.

Todo este horizonte borroso de desconfianza, corporaciones que eluden los impuestos, defraudadores y paraísos fiscales testimonia que no funciona el sistema tributario del mundo. Hace falta un nuevo orden. Esta renovación fiscal sería bien recibida porque beneficia a casi todas las naciones del planeta, pues “la mayoría tienen ciudadanos ricos que sacan su dinero fuera del país por seguridad”, asume Jeffrey Winters. Desde luego una de las características básicas de esta fiscalidad sería la obligación de ser transparente. Este espacio de mayor justicia y equidad “debe tener una relación más equilibrada entre tributar donde se genera el valor y donde se consume el producto o el servicio, pero a la fuerza ha de ser un sistema impositivo más simple, muy fácil de entender, digitalmente trazable y, dentro de lo posible, homogéneo”, detalla Ignacio Longarte, socio de fiscalidad internacional de KPMG. ¿El empeño de una ilusión? Tyler Cowen, economista en la Universidad George Mason (Virginia, Estados Unidos) y columnista en The New York Times, enfrenta este desafío fiscal con el mismo pesimismo que emiten los días que vivimos. “No veo cooperación en la eurozona en la crisis de los refugiados, ni en el cambio climático ni en otros muchos temas. ¿Por qué iba a ser distinto con el sistema impositivo? Si algo percibo es un movimiento en el que cada país va a lo suyo”, apostilla.

Un egoísmo al que el economista Branko Milanovic, una de las miradas más lúcidas en la denuncia de la inequidad, le saca los colores: “Sin ninguna duda hace falta una mayor coordinación entre la Unión Europa y la OCDE”. Algo que tiene que suceder pronto porque cada hora que pasa hiere. “Europa necesitará en breve estímulos fiscales y el Banco Central Europeo (BCE) ya está agotando su caja de herramientas. Esto supone que hacen falta políticas que incentiven la inversión pública, y todo lo que sea afinar al máximo la recaudación fiscal es una ayuda valiosa”, argumenta Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Sin duda se van a necesitar los 30 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales, los 700.000 millones desviados —acorde con Tax Justice Network— por las multinacionales estadounidenses hacia territorios de baja tributación y los, al menos, 120.000 millones de dólares escamoteados a los países en vías de desarrollo por las grandes corporaciones. Harán falta para las escuelas, los hospitales, las infraestructuras, la educación; el bienestar de todos los ciudadanos. 

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TODOS VAMOS A PAGAR LA GRAN RECESIÓN

Vamos a pagar más impuestos. Todos. De ese adjetivo indefinido se escaparán otra vez los insolidarios (paraísos fiscales y territorios de baja tributación) y los defraudadores. Un mayor esfuerzo que se sostiene, sobre todo, por dos razones: hay que pagar la deuda generada durante la Gran Recesión y cada vez resulta más costoso mantener el Estado de bienestar.

En este paisaje de fondos menguantes, los gobiernos aprietan las turcas. Por eso plantean una política que “busca ampliar la base imponible aumentando la variedad de bienes, servicios y actividades sujetas a impuestos con el propósito de recaudar más”, analiza un estudio de fiscalidad internacional de KPMG. Y al mismo tiempo que la tributación se expande también se contrae. De ahí que “se estén eliminando deducciones y bonificaciones introducidas durante la recesión dirigidas a respaldar ciertos sectores y fomentar el gasto privado”, apunta la consultora. A nadie le sorprenderá entonces que en este ambiente resulte imposible extraer poemas de las noticias. En términos relativos, la presión fiscal en España ha pasado del 29% sobre el PIB en 2009 al 33,2% durante 2014. O sea, subió en los peores años de la crisis. Esa cifra ronda la media europea pero también es cierto que repercute en un país muy castigado, y en un continente donde algunos juegan con cartas marcadas. Irlanda ha hecho de su territorio un Edén tributario (pese a eliminar el régimen de patent box, que aportaba generosas exenciones a la I+D y a la propiedad intelectual) para las multinacionales extranjeras. Con una presión fiscal sobre la riqueza del país tres puntos inferior a la española y uno de los impuestos de sociedades más bajos (12,5%) de Europa su economía ha crecido el año pasado el 7,8%.

Mientras se dirime o no el valor ético y la inequidad que supone utilizar políticas fiscales muy agresivas en una Europa de millones de parados, serias carencias públicas y una crisis migratoria sin resolver, el mundo de los impuestos se enfrenta al reto de gravar la economía digital. El nuevo escenario en el que se alza el telón del consumo colaborativo. El desafío resulta tan profundo que el primer capítulo (Acción 1) del programa BEPS —impulsado por la OCDE y el G20 persigue evitar el abuso fiscal de las multinacionales a través de la erosión de la base imposible— aborda este espacio 2.0. “La economía de intercambio entre particulares siempre ha planteado problemas de control. La dificultad se incrementa cuando el particular actúa como empresario o profesional, cuando, utilizando plataformas colaborativas, la recurrencia de la participación revela una auténtica práctica empresarial que, además, podría llegar a competir de forma desleal con actividades productivas que utilizan vías más tradicionales o más controladas”, desgrana por correo electrónico, con ese lenguaje tan de leyes, Rafael García, abogado del bufete Uría Menéndez. Y remata: “Me temo que la solución vendrá de los controles de pagos y los intercambios de información”.

Más vigilancia, más impuestos y más transparencia. Sobre estos tres vértices el mundo de la hacienda y los tributos entonará sus propios salmos. “El escenario al que vamos nos lleva hacia una relación más transparente entre las empresas y las administraciones fiscales. Esto es bueno para el empresario honesto”, valora Antonio Barba, socio del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

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EFECTOS EN LOS PAÍSES POBRES

Ni las palabras ni los tratados fiscales son inocentes. En el mundo hay en vigor 3.000 convenios impositivos. La mitad de ellos regulan las transacciones entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Este enjambre fiscal no es casualidad. En demasiadas ocasiones está tejido para extraer el máximo de esos territorios y dejar, a cambio, el mínimo o la nada. Bangladesh pierde al año 85 millones de dólares solo por una excepción en sus acuerdos impositivos que restringe sus beneficios fiscales. Con una renta per cápita de 25 dólares esos ingresos podrían pagar la sanidad de 3,4 millones de personas de una de las naciones más pobres. Aunque frente al pesimismo algunas cosas van mejorando. “La conciencia de todos los sectores de la sociedad de que esto no puede seguir así cada vez es mayor”, sostiene José Luis Groba, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Habla también del fraude, la evasión y la insolidaridad. Lastres que se reflejan en los números. Entre 63.000 a 108.000 millones de euros eluden al año las grandes corporaciones en impuestos en detrimento de los países en vías de desarrollo. La cifra procede de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), y a nadie se le escapa que esos fondos aliviarían un sufrimiento profundo. Tanto es así que en el periodo 2008-2012 —según Oxfam— más de la mitad de esas naciones a la búsqueda de la prosperidad tuvieron que reducir su gasto público en educación y dos tercios lo hicieron en sanidad.

Esa fragilidad evidencia el valor sustancial que tiene para los países en vías de desarrollo esos ingresos escamoteados por las multinacionales, pues son fondos básicos para luchar contra la pobreza e impulsar el desarrollo financiero. Sobre todo cuando cada año 100 millones de seres humanos son empujados a la miseria al no poder costearse la atención médica.

Ajenos a esa urgencia, los 34 países más desarrollados del mundo agrupados en la OCDE marcan sus propios intereses. En su proyecto BEPS, que persigue desmontar el abuso fiscal de las multinacionales a través del desplazamiento de beneficios, las naciones en vías de desarrollo son convidados de piedra. “En vez de incluir a estos países, que sufren una gran elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, esas 34 naciones han decidido ir por su cuenta”, critica Koen Roovers, asesor de la Unión Europea en la Coalición de Transparencia Financiera, un grupo de ONG que analiza grandes tendencias económicas. “Una vez que la normas estuvieron establecidas entonces se abrió la entrada a otros países. Pero esto plantea una pregunta sencilla. ¿Por qué querría el 80% de las naciones del mundo firmar unas reglas nuevas que apenas les tienen en cuenta?”, apostilla Roovers.

http://economia.elpais.com/economia/2016/03/18/actualidad/1458319628_950289.html