Ley de Compensación y Actualización de Quebrantos
El Gobierno intentará avanzar con la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley intentando zanjar un tema controvertido de larga data.
Por Maureen Pérez, Blog del CIAT, 6 de marzo de 2025
En un mundo laboral en constante evolución, el reconocimiento de competencias y logros profesionales ha tomado un giro significativo. Desde siempre, los certificados académicos fueron el medio para dejar constancia de esto, pero con la evolución que se ha visto gracias a la digitalización y al aprendizaje continuo surgen nuevas formas de acreditación, para tal caso como son las credenciales digitales. Es por eso que hace unos días me inscribí y concluí el curso sobre Credenciales Digitales en Academia BID, donde aprendí un poco más sobre este interesante tema y me gustaría compartir con ustedes lo aprendido.
Actualmente, podemos clasificar las credenciales en tres grandes grupos:
• Credenciales tradicionales: aquellos títulos universitarios, diplomados y certificaciones que las instituciones educativas o entidades reguladoras reconocen como válidos.
• Credenciales digitales: son representaciones electrónicas de habilidades, conocimientos o logros que una persona ha adquirido. Son verificables, seguras y se pueden compartir fácilmente en redes sociales, portafolios profesionales y plataformas laborales. Dentro de estas credenciales podemos encontrar:
• Certificados digitales: son certificados que sirven para validar cursos y programas educativos extensos, estos usan tecnología blockchain y el estándar OpenBadges 3.0, lo que asegura su integridad, autenticidad y ser almacenados en plataformas digitales.
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El Gobierno intentará avanzar con la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley intentando zanjar un tema controvertido de larga data.
El reconocimiento de habilidades y competencias está evolucionando en forma dinámica, sin depender exclusivamente de las certificaciones académicas tradicionales
La credibilidad de la información sobre los ingresos es relevante para el control social por los ciudadanos, los usuarios de los servicios públicos y los proveedores de estos recursos.