Digitalización de las Administraciones Tributarias y Derechos de los Contribuyentes

Por Alfredo Collosa, Blog del CIAT, Febrero 2020

Las Administraciones Tributarias (AATT), al igual que el resto de las organizaciones tanto públicas como privadas, buscan en forma permanente utilizar las nuevas tecnologías para ser más eficaces y eficientes en su objetivo estratégico básico, cual es elevar los niveles de cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, mediante dos líneas principales de actuación: dando facilidades a los que quieren cumplir y realizando una lucha radical contra el fraude.

Las AATT se están volviendo digitales y hoy más que nunca Administración Tributaria  (AT) es administrar información.

Esta digitalización está produciendo cambios vertiginosos, no sólo las estructuras de las AATT[1], sino también en sus principales funciones de recaudación, fiscalización, información y asistencia, en los sistemas de información y en la cooperación/colaboración producto por ejemplo de los intercambios de información internos e internacionales.

Asimismo, como ya comenté la AT Electrónica es un concepto que se está desarrollando rápidamente y requiere de diversas medidas para su efectiva implementación[2].

Las AATT se están moviendo rápidamente a un control on line o en tiempo real de los hechos imponibles gravados por las legislaciones tributarias.

La gran pregunta que me hago en este punto es como todo ello afectará a los derechos de los contribuyentes.

Con el fin de proteger los derechos del contribuyente, en muchos países se han expedido cartas o estatutos del contribuyente donde se establecen cuales son los derechos de éstos en su relación con las AATT.

También consagran estos estatutos o cartas los deberes de los sujetos pasivos a manera de equilibrio entre o balance entre una obligación y un derecho.

Ya en la carta de “Atributos Mínimos para una Sana y Eficaz Administración Tributaria”, aprobada por la Asamblea General del CIAT, celebrada en santo Domingo, República Dominicana, en 1996, se estableció como uno de esos requerimientos el “GARANTIZAR LA CONFIANZA DE LOS CONTRIBUYENTES” para lo cual se requiere:

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