Fiscalidad y nuevas tecnologías en el comercio y de la Información. Propuestas para la adaptación del Sistema tributario a las exigencias de la economía y sociedad digitales

Referencia: DER2014-55677-R 
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad 2013-2016. 
Duración: 2015-2018

El imparable proceso de digitalización de las relaciones económicas y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación plantean importantes retos desde la perspectiva de la adecuada calificación y tributación de las rentas derivadas de este tipo de operaciones económicas y el control del cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.

Si en un primer momento los esfuerzos de los organismos internacionales, regionales y nacionales se han centrado en reforzar las actuaciones de control tributario para frenar las nuevas formas de fraude asociadas a la economía digital, lo cierto es que en el actual contexto internacional existe una voluntad común de someter a revisión y, en su caso, adaptar las reglas del juego en materia de fiscalidad, en la medida en que los principios y reglas generalmente admitidos hasta el momento estarían llevando a los Estados a renunciar a gravar operaciones que guardan relación, aunque sea por medios digitales, con su jurisdicción. Este proceso adaptador tiene que tener presente el respeto al principio de neutralidad fiscal.

Del mismo modo, desde el punto de vista de la imposición directa, la complejidad de las operaciones virtuales deriva en algunos casos en conclusiones inadecuadas sobre la calificación de las rentas derivadas de esas actividades o sobre la valoración de los activos intangibles en las operaciones vinculadas, lo que genera una considerable inseguridad jurídica y una importante conflictividad tributaria. En este sentido surgen nuevos retos derivados de rentas dimanantes de nuevos modelos de negocio virtual como el Cloud Computing o la impresión en 3D. El capital intangible, trasunto de su inmaterialidad, comienza a ser utilizado como vehículo erosivo de bases imponibles (base erosion and profit shifting) hacia territorios de nula o baja imposición por lo que se hace necesaria una respuesta uniforme y global del sistema fiscal internacional en dos puntos. Por un lado, implantar herramientas para neutralizar la utilización abusiva de la red internacional de convenios de doble imposición. Por otro lado, una actualización de las normas sobre precios de transferencia para las operaciones comerciales con activos intangibles como los derechos propiedad intelectual e industrial. Con relación a estos últimos, también es destacable el movimiento que la OCDE ha dado para eliminar los regímenes tributarios especiales conocidos como Patent Box, así como la eliminación de la competencia fiscal perniciosa entre los propios Estados.

Desde el punto de vista de la fiscalidad indirecta, en las operaciones comerciales realizadas a través del comercio electrónico aflora el problema relativo a la exención de IVA en el país de destino cuando los bienes transmitidos son de escasa cuantía, o bien, por razón de la materia, como, por ejemplo, determinados servicios financieros. Este fenómeno propicia que una empresa decida vender sus productos a través de Internet con el fin de ahorrarse la repercusión del mismo al consumidor (B2C), ofreciendo un precio más bajo que aquellos empresarios que operan físicamente, con las incuestionables consecuencias en el marco competencial efectivo.

Por otra parte, el carácter pluridimensional de la economía digital plantea problemas específicos desde la perspectiva de las actuaciones y procedimientos tributarios, que pueden ser solventados, al menos en parte, con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Así, la creación de la ventanilla única virtual o One-stop Shop está llamada a ser una pieza importante en el puzle del cumplimiento de las obligaciones tributarias con figuras impositivas indirectas en el seno de operaciones digitales B2C. En este sentido, la Unión Europea ha tomado la cabecera en su función armonizadora y, desde 2015, las operaciones de comercio electrónico B2C van a estar sujetas a imposición indirecta en el país del consumidor, con arreglo al tipo de IVA de tal jurisdicción, con la obligación, por parte, de la empresa vendedora de ingresarlo a través de la plataforma virtual mencionada. En este sentido, la iniciativa europea es un primer pilar razonable para que la comunidad internacional establezca mecanismos para evitar pérdidas en recaudación por IVA. Por otra parte, la asistencia mutua y el intercambio de información entre administraciones tributarias pueden ser instrumentos muy útiles para identificar a los obligados tributarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, detectando comportamientos fraudulentos. No obstante, es necesario conciliar los avances mencionados con una adecuada protección de los derechos y garantías de los obligados tributarios y, de manera más general, profundizar en la incidencia que las nuevas tecnologías tienen sobre los principios y reglas articuladores de los procedimientos de aplicación de los tributos.

En definitiva, el objetivo de este proyecto de investigación es abordar, desde un enfoque integral y multidisciplinar, el análisis de los retos que el desarrollo de las nuevas tecnologías en el comercio y de la información y la comunicación plantean a los sistemas tributarios, con la finalidad de realizar propuestas de "lege ferenda" que permitan solucionar de forma eficaz, eficiente, garantista y equitativa los problemas previamente detectados. La investigación se desarrolla sobre tres ejes o desafíos de la economía digital: imposición fiscal directa, imposición fiscal indirecta y aplicación de los tributos. Planteado así, el proyecto que se presenta es especialmente relevante por contribuir al avance en la búsqueda de soluciones a uno de los principales retos de las sociedades actuales, a saber, dar respuestas a los desafíos que la economía digital y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación plantean a los ordenamientos jurídicos, contribuyendo a la consecución de los objetivos marcados por la Estrategia Nacional de I+D+i y Horizonte 2020.