Plata dulce, tercera parte *

Por Noemí Brenta, Doctora en Economía

El rumbo económico de Cambiemos ya tiene identidad. Del lado productivo, busca un perfil basado en los agronegocios, los servicios, el shale y las energías renovables; el resto deberá adaptarse, dice, y eso lleva tiempo. Pero el modelo tiene otra pata más veloz y discreta: la financiarización, en pleno despliegue.

Esta reedición de la dominancia financiera impulsada desde el Estado forma parte del proceso de restauración del neoliberalismo en América Latina. Uno de sus rasgos más alarmantes, además de hipotecar el futuro, es el involucramiento de las instituciones top de las finanzas mundiales oficiales y privadas, entre las que se destacan el Tesoro de Estados Unidos, cuyo titular visitó oficialmente al país en septiembre de 2016; el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), poderosa asociación de financistas con sede en Washington, que celebró su cumbre regional en Buenos Aires en abril de este año sin mucha cobertura mediática; y el FMI, que no se cansa de elogiar el giro hacia políticas pro mercado, aunque por las dudas sus proyecciones no derrochan optimismo, y que envió dos altos funcionarios a la reunión del IIF. Estos datos sugieren que el programa en curso no surge de una estudiantina trasnochada sino de compromisos en el corazón del poder global estratégico y corporativo.

La evidencia más notoria del sesgo financiero del modelo económico es la combinación de deuda creciente, dólar quieto, tasas de interés altas y desregulación de los capitales, que abren oportunidades de ganancias desde el carry-trade o bicicleta, hasta las ingenierías más sofisticadas en el arte de hacer dinero con dinero sin arriesgar en el ámbito mercantil. De eso justamente se trata la financiarización.

Metas de inflación

Establecer la prioridad del objetivo antiinflacionario por encima del crecimiento y del empleo constituye la base de la política de financiarización, sobre todo si se adopta el régimen de metas de inflación, como en Argentina, asumiendo por lo tanto que la causa principal de los aumentos de precios es monetaria. Por ejemplo, el Banco Central (BCRA) calculó que en 2017 la inflación debe rondar el 12%-17%. Si fuera mayor, como viene ocurriendo, aumenta la tasa de interés y retira pesos del mercado.

El razonamiento de las autoridades monetarias es el siguiente. Hoy la tasa de interés de referencia del BCRA es la de los préstamos a muy corto plazo que toma de los bancos o que concede a los bancos (pases pasivos o activos, respectivamente). Se supone que si el rinde es atractivo, el público prefiere poner sus pesos excedentes a interés en lugar de gastarlos, por lo que aumentar la tasa reduciría la cantidad de dinero para transacciones y esto, a su vez, desinflaría los precios. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja.

Con el mismo propósito, el BCRA emite distintos tipos de deuda, como títulos, letras y notas, el principal de los cuales son las célebres Lebacs. Para bajar la liquidez coloca deuda y retira pesos, que cuando están en manos del BCRA dejan de circular en el sistema. A medida que la deuda vence, el BCRA la paga, pero estos pagos ponen de nuevo dinero en circulación, que vuelve a retirarse con más deuda, en un espiral sin fin.

Estas operaciones, realizadas semana tras semana, involucran montos enormes, que escapan al circuito productivo y van a la especulación remunerada por el Estado a tasas de interés cada vez mayores a las de los plazos fijos, que si estuvieran en los bancos se podrían prestar. Para dimensionar el problema, en marzo de 2017 esta deuda del BCRA equivalía a 10 puntos porcentuales del PBI; entre diciembre de 2015 y marzo de este año su monto creció 160 por ciento, y ya supera la base monetaria y las reservas internacionales.

Esta obsesión de secar el mercado con Lebacs es una fuente de aumento del déficit público, en este caso cuasifiscal (así se llama el rojo del Banco Central), de deterioro patrimonial de la entidad y de preocupación sobre qué pasaría si el público avistara una devaluación y decidiera no renovarlas. En ese caso el modelo pasaría a otra etapa, que por ahora es una incógnita. El BCRA puede argumentar que esto no le preocupa porque sus reservas internacionales son altas y tiene poder de fuego para enfrentar una salida súbita de capitales. Pero las reservas pueden bajar muy rápidamente por una amenaza de devaluación o de inestabilidad del sistema. Así ocurrió en los gobiernos de Arturo Frondizi, Juan Carlos Onganía, en la última dictadura y en el tramo final de la gestión de Fernando de la Rúa. Tras alcanzar picos de acumulación de reservas en 1960, 1968, 1979 y 1999 por ingresos de capitales para una mezcla de inversión, especulación y deuda, diferente en cada gobierno, las dudas sobre la capacidad de seguir manteniendo el dólar estático las minaron en poco tiempo.

La bomba de la deuda

El aumento inédito de la deuda argentina en los mercados internacionales es otro signo de financiarización. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 la deuda externa casi se duplicó, y los servicios de la deuda pública a pagar este año (incluyendo los de la deuda en pesos) superan el 10% del gasto según la Ley de Presupuesto, que asigna 247 mil millones de pesos a este rubro. El endeudamiento se complementa con el régimen de metas de inflación analizado más arriba. Por un lado, atrae divisas que planchan el tipo de cambio y actúa como ancla antiinflacionaria, salvaguarda del valor de los capitales ingresados y opera como base de la bicicleta.

No se trata sólo del Estado nacional. La ola de endeudamiento es generalizada. Según el Observatorio de Políticas Públicas de la UNdAv (Universidad Nacional de Avellaneda), las provincias aumentaron su deuda en pesos y dólares un 123% entre 2016 y el primer trimestre de 2017; y la deuda de las empresas privadas creció más del 160% entre 2015 y 2016, mientras que sus colocaciones en dólares pasaron del 8% del total en 2015 al 75% en 2016 como consecuencia del levantamiento de las restricciones para que las empresas puedan lanzarse a los mercados en pesos y moneda extranjera

El problema es que este endeudamiento del sector público y de las empresas no mejoró la capacidad productiva ni las ventas ni las exportaciones, es decir que no generó recursos para su repago. Por el contrario, el producto bruto se contrajo un 2,4% en 2016 y este año apenas se recuperará un 2,2% según el FMI, en tanto la formación de capital cayó 5,5%, según el INDEC. ¿A dónde fue a parar el dinero del endeudamiento? Los fondos ingresados se destinaron mayormente a pagar deudas, financiar la fuga de capitales, a la inversión especulativa y a cubrir gasto corriente. Por ejemplo, la salida (fuga legal) de capitales, de acuerdo al balance cambiario, representa alrededor del 15% de la deuda emitida en 2016; y el 60% de los pagos de deuda pública en 2017 corresponden a deudas tomadas por el gobierno actual. El gobierno se endeuda para pagar la deuda que él mismo contrajo.

Además del pago de intereses, el endeudamiento se destina también a un conjunto de intermediarios que el gobierno seleccionó en las primeras filas de las finanzas mundiales y locales: los colocadores, que cobran comisiones usualmente de 0,12% sobre los montos colocados; diversos agentes (de pago, de listado, de proceso, fiduciarios), y las calificadoras de riesgo; todos ellos reciben honorarios y dinero para gastos e integran el puñado selecto de beneficiarios de la financiarización. Asimismo, desde el pago a los buitres, el gobierno incluyó la cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana en las emisiones internacionales, excepto la inmunidad de rigor, es decir que los reclamos relacionados con la deuda externa no se dirimirán en Argentina. Esto disocia la resolución de las deudas de los intereses nacionales y termina de ubicar al país en el tren de las finanzas mundiales.

Pagar el mínimo

La caída del salario real y el aumento de las deudas de los hogares, que luchan por llegar a fin de mes con la tarjeta y comprimiendo el consumo, es otra cara de la financiarización. El salario real perdió entre 8 y 10 puntos porcentuales en 2016 y continúa declinando, porque las paritarias cierran por debajo de la inflación en la mayoría de los gremios.

Esto aumenta la deuda de las familias, a tasas de interés altas y ahora desreguladas, como las de las tarjetas de crédito y los préstamos personales, que oscilaron en 42-45% nominal anual en 2016 y bajaron este año apenas uno o dos puntos. De hecho, en 2016 la cartera de consumo aumentó 2,2 puntos porcentuales de participación en el sistema financiero (de 40,5 a 42,7 entre diciembre de 2015 y 2016), al tiempo que aumentaban las dificultades para pagar estas deudas: la cartera irregular pasó de 2,30 a 2,66% en igual lapso.

El gobierno pondera el aumento de la deuda privada como indicador de profundidad financiera y confianza, y se propone expandir el crédito al nivel de Chile. Pero hay que tomar este objetivo con precaución. Cuando el aumento de las deudas compensa la caída de los ingresos, como pasa en los países avanzados, la acumulación de intereses y atrasos se convierte en agobio y quiebra para las personas, y negocios para los asesores financieros y buitres minoristas: el lado oscuro de la financiarización.

El mismo criterio cauteloso aplica para los créditos hipotecarios indexados por inflación. El atractivo de su largo plazo (hasta 30 años) y la posibilidad de extenderlo si la inflación sube demasiado la cuota empalidecen en este escenario de compresión salarial y tipo de cambio contenido, que puede saltar de a poco o no, acelerando la inflación y recortando aun más el salario, mientras que las tarifas del gas, la electricidad y otros servicios continuarán aumentando. La idea de desarrollar un mercado de hipotecas securitizadas cuando el crédito hipotecario alcance cierto desarrollo rememora los mecanismos que llevaron a la crisis de las subprime en Estados Unidos y países avanzados.

Por cierto, Argentina necesita encontrar soluciones a la falta de viviendas, el déficit es muy grande, pero estas condiciones son demasiado riesgosas para los compradores de ingresos medios a los que están destinados los préstamos ajustados por UVA. El proyecto parece una faceta más de la financiarización que una medida orientada a mejorar el bienestar de la población. Entre fines de 2015 y 2016 el monto de los préstamos hipotecarios del sistema financiero aumentó solo 12%, es decir que cayó en términos reales, acorde a la caída de la construcción residencial.

La financiarización se afianzó en 2017. En los primeros días de enero, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció la eliminación total de las restricciones a la entrada y salida de capitales, sin límite de magnitud ni plazos. Un día después, JP Morgan declaró que incluiría bonos argentinos en su serie de índices GBI-EM (Government Bond Index-Emerging Markets), compuestos por bonos de deuda soberana en moneda local de países emergentes. Estos índices son modelos de portafolios de inversión que incluyen papeles riesgosos y ganancia jugosa, y que algunos inversores internacionales usan como guía para armar sus carteras. Así que desde el 1 de marzo Argentina ya está, junto con Brasil, México, Turquía, Indonesia y otros, en la vidriera (o en la mira) de los grandes jugadores de la timba global.

Lo que sigue

La pregunta sobre la sustentabilidad del programa económico es inevitable, y la inquietud va en aumento incluso en ámbitos que comparten la ideología y las políticas oficiales. Ocurre que la financiarización es intrínsecamente inestable. Las autoridades anunciaron que continuarán endeudándose en lo que resta del año en letras del tesoroVER, que postergarán las alzas de tarifas públicas hasta después de las elecciones legislativas de octubre. Para esa época se espera un deslizamiento cambiario ya que de hecho el presupuesto nacional asume un dólar a 17,92 pesos promedio anual y hoy está en 15. Aunque se ha acelerado el presupuesto de obra pública y se anunciaron transferencias a los sectores de la economía popular, la pregunta del millón es qué vendrá después de octubre.

Es difícil imaginar que las mejores cabezas económicas oficiales, con tantas reuniones y cumbres internacionales, no tengan planes ambiciosos para el futuro. Y también es de esperar que no se limiten a repetir lo conocido sino que aparezcan algunas innovaciones. Así ocurrió en los dos ciclos anteriores de financiarización: la dictadura, que sustituyó el desarrollo basado en la industria y el mercado interno por un modelo rentístico financiero que produjo una fenomenal concentración de la riqueza; y la convertibilidad, que lanzó al país a la globalización sin anestesia y agudizó la exclusión social. Argentina fue cobayo del poder hegemónico en la transición del paradigma keynesiano al neoclásico en los años 70 y el mejor alumno de las reformas estructurales en los 1990.

Sin embargo, a diferencia de los ciclos anteriores, hoy una parte de la sociedad mira con preocupación el proceso actual de endeudamiento y especulación financiera porque conoce cuáles son sus costos y sobre qué sectores recaen, y teme a la violencia económica de la vida reducida a la supervivencia. Ojalá esta vez sea distinto.

* Artículo publicado originalmente en El Diplo, Mayo 2017 y reproducido en el sitio web Motor Económico