Una reforma constitucional para la responsabilidad fiscal

Por Luciano Laspina,Economista. Diputado Nacional por Cambiemos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Clarín, 3 de octubre de 2019

No hay nada más claro que los datos duros para ilustrar el descalabro fiscal y macroeconómico argentino a lo largo de nuestra historia: 77 años de déficit fiscal en el último siglo; 7 episodios de reestructuración de deuda externa y 5 episodios de reestructuración de deuda interna (sin “reperfilamiento”) y un tercio de nuestra historia política en default.

El descontrol fiscal se tradujo en inflación, volatilidad económica e inestabilidad política. Le quitamos 13 ceros a la moneda desde el 1900. Tuvimos 1 recesión cada 3 años, 10 crisis bancarias, 22 acuerdos con el FMI y 23 presidentes entre 1930-1983 en comparación con los 9 que hubiese establecido la Constitución.

Cambiemos asumió con la intención y el mandato social de dejar atrás este pasado fiscal nefasto pero, carente de un acuerdo más amplio, tampoco lo logró.

Había heredado un déficit fiscal enorme que todavía escondía varios “esqueletos” en el placar. Las cuentas ocultaban un descalabro jurídico que estaba siendo juzgado en las cortes nacionales e internacionales. Por mencionar sólo algunos: 1) el retraso de las jubilaciones superiores a la mínima, que comenzó a desmoronarse con el “fallo Badaro” y terminó en la onerosa Ley de Reparación Histórica; 2) la prórroga indebida del 15% de retención a las provincias; 3) la falta de reconocimiento de los déficits de las cajas jubilatorias provinciales; y 4) la disputa irresuelta con los holdouts.

El nuevo gobierno decidió enfrentar estos problemas rápidamente, una estrategia audaz que terminaría condicionando toda su administración. No está claro que hubiesen muchas alternativas políticas y jurídicas para evitar blanquear estos “esqueletos fiscales” pero a este turbio panorama se le sumaron otras iniciativas con costo fiscal como la universalización de la AUH, la ley PYME, y la rebaja de retenciones y Ganancias, entre otras. Cuando se hace la cuenta, en 2016 el Gobierno había impulsado un conjunto de iniciativas, decretos y leyes que costaban unos 3,5 puntos del producto. El déficit 2017 (sin ingresos del blanqueo) llegó a 6% del producto y su hermano gemelo, el déficit de cuenta corriente, al 5%.

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